La justicia está enferma

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La sentencia contra el juez Garzón, con 11 años de inhabilitación, es la estrategia para deshacerse de su persecución a los crímenes del franquismo. Parece probable que en las otras dos causas pendientes, las que implican a las víctimas de la Guerra Civil y los años de posguerra, no podrán hallar culpable a este juez. Que no sólo cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad española, sino que alrededor del mundo juristas y toda clase de expertos han expresado su incredulidad ante la persecución que se está produciendo contra él. A fecha 10 de febrero, la ONU misma se pronuncia en este asunto. ¡La ONU! El titular: La ONU señala que España debe revocar la ley de amnistía.

España está obligada ante las leyes internacionales a investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, incluidos los cometidos durante el régimen de Francisco Franco. Así lo subrayó hoy la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al referirse a uno de los procesos abiertos contra el juez español Baltasar Garzón por investigar más de 100.000 casos de desapariciones forzadas presuntamente ocurridas durante la guerra civil española y el franquismo. Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de ese organismo, Rupert Colville indicó que del mismo modo, ese país está obligado a enjuiciar a los responsables de esos actos y a reparar a las víctimas. Explicó que según las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en 2009, España debería revocar la ley de amnistía de 1977, la cual no está en conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos. “También creemos que los jueces no deberían ser enjuiciados por hacer su trabajo. En este caso, es la defensa de los estándares de las leyes internacionales de que la amnistía no debería ser concedida a responsables de crímenes contra la humanidad”, especificó el portavoz.

De nuevo, además, en The New York Times se lanzan a ser claros: “The enemies of Judge Baltasar Garzón have finally gotten their way“, expresan en su editorial. Lo que esta situación deja claro son dos cosas:

1. El sistema judicial español debe ser revisado, ya que permite puertas traseras a través de las cuáles suceden casos como el de que los imputados por la trama Gürtel puedan sentar en el banquillo al juez que instruía su causa. Además, la prevaricación de la que es acusado Garzón se basa en la ambigüedad con la que se redactaron los supuestos bajo los cuáles una escucha podía ser justificada.
2. La legislación española está obsoleta y fue construida en una época de conflictos terribles que intentaron obviarse mediante una Transición parcial, incapaz de solventar las grandes heridas abiertas que todavía están supurando y que aún forman parte del día a día en España. No sólo la Ley de Amnistía del 77 debería ser revocada/revisada: la misma Constitución tendría que ser abierta a una nueva redacción que la actualizara, haciéndola de verdad garante de las necesidades, obligaciones y derechos de la sociedad en que vivimos.

Fink — Perfect darkness

…a disturbing eco of the Franco’s era

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El magistrado Baltasar Garzón llegando el pasado jueves al Tribunal Supremo, a la vista por la causa de los crímenes del franquismo. MIGUEL GARCÍA

NEW YORK TIMES – EDITORIAL Truth on Trial in Spain February 4, 2012

Terrible crimes were committed during and after Spain’s 1936-39 civil war that no court has yet examined or judged. No one knows how many people were taken away, tortured and murdered. Now, one of Spain’s top investigating magistrates, Baltasar Garzón, is on trial for daring to open an inquiry into those atrocities.

Spain is now a vibrant democracy, but Judge Garzón’s trial, which opened last week, is a disturbing echo of the Franco era’s totalitarian thinking. He faces criminal charges that could suspend him from the bench for 20 years for defying an amnesty enacted in 1977 to smooth the transition to democracy. He rightly counters that under international law, there can be no amnesty for crimes against humanity and that unsolved disappearances — thousands of mass graves are unopened — constitute a continuing crime.

In 2008, Judge Garzón briefly began an official inquiry, ordering the opening of 19 mass graves and symbolically indicting Gen. Francisco Franco and several former officials, none still alive, for the disappearance of more than 100,000 people. An appellate court shut the inquiry down. The next year, two far-right groups brought criminal charges against the judge for defying the amnesty law. The government’s prosecutor argued that no crime had been committed, but the Supreme Court accepted the case.

Separately, Judge Garzón faces criminal charges for rulings in two other politically charged cases. We cannot judge the merits of these. But criminal prosecution of magistrates for their rulings is rare in Spain, and could chill judicial independence.

Judge Garzón became famous for his prosecutions of Basque terrorists, Argentine torturers, Chile’s former dictator, Gen. Augusto Pinochet, and Spanish politicians. His powerful enemies now see a chance to end his career.

Judge Garzón is undeniably flamboyant and at times overreaches, but prosecuting him for digging into Franco-era crimes is an offense against justice and history. The Spanish Supreme Court never should have accepted this case. Now it must acquit him.

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Ben cert allò que diuen: a vegades cal mirar les coses des de fora per entendre-les. Per això al New York Times han sabut fer un anàlisi tan encertat d’aquesta surrealista persecució a Garzón.

Garzón: el mal ya está hecho

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Cualquiera que sea el resultado final del juicio, la pena de banquillo ya ha sido impuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Antonio Doñate, magistrado y exprofesor de la Escuela Judicial

Leí esta afirmación en el artículo que Doñate escribió para Dominio Público, “Garzón y el silencio judicial” el pasado 23 de enero. Me impactó porque refleja la cruda realidad: que ocurra lo que ocurra, el mal ya está hecho. No hay vuelta atrás que compense el haber sentado en el banquillo de los acusados a un juez que trató de arrancar la costra apestosa del silencio y el olvido forzado que recubre los crímenes del Franquismo. Una Memoria Histórica silenciada durante décadas, callada a la fuerza para esconder los terribles capítulos vividos desde la derrota republicana el 1 de abril de 1939, durante la persecución y la crudeza de la posguerra, en los largos años del régimen, aún mantenida en las sombras tras la muerte reposada del dictador y finalmente burlada con la Transición.

El silencio nunca ha hecho ningún bien para el progreso. Nuestra democracia se ha alimentado demasiado de los silencios y sus Gobiernos se han aprovechado de esa pasividad ciudadana para ir desmembrando a placer el Estado, según sus respectivas preferencias*. Nuestra democracia nació frágil porque cargaba demasiado silencio a sus espaldas. La persecución a Garzón es el vivo reflejo de este mal endémico que España arrastra desde el final de la dictadura. Y las víctimas, de nuevo, vuelven a ser las de siempre: las mismas que llevan años luchando por ser escuchadas.

Cuando hoy se siente en el banquillo como acusado el juez que trató de investigar los delitos más graves que se han cometido en nuestra historia reciente, este presente del siglo XXI habrá tropezado con uno de los modélicos obstáculos que la Transición dejó en medio del estrecho camino por el que regresaron las libertades. En ese mismo instante las familias de los 113.000 desaparecidos por la represión del general Franco revivirán el abandono al que les ha condenado esta democracia. Las élites que gestionaron el proceso decidieron que dejaba de haber verdugos y, en consecuencia, víctimas. A eso le llamaron reconciliación, pero es fundamentalmente impunidad.

Emilio Silva, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Impunidad versus Democracia, artículo en Dominio Público

Fugida a L’Haia

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Sempre he defensat que la causa contra el jutge Garzón és molt més que un atac a un individu. Representa tot el que la Transició no va acabar d’afrontar, els crims enterrats que mereixen judici i repudi públic. Les víctimes del franquisme que encara esperen sentència i compensació. Tot això i molt més, és el que representa aquesta acusació contra Baltasar Garzón.

Precisament perquè el judici és quelcom molt més gran que ell, o que qualsevol dels implicats en el procés, la decisió de marxar a L’Haia per evitar la possible suspensió, és una covardia absoluta. Garzón s’ha oblidat que això no afecta tan sols al seu futur professional.

L’objectiu de Garzón al solicitar la concessió del grau de “serveis especials” al treballar a L’Haia, és evitar la possible suspensió a la que s’enfronta dins el marc del judici que investiga si és o no competent per processar els crims del franquisme. Divendres s’ha de decidir si se’l suspén, i just abans ell ha sol·licitat el trasllat al jutjat holandés, una sort d’excedència que contrarrestaria la suspensió a Espanya, donat que no estaria exercint al territori de l’estat. D’aquesta manera, Garzón no està eludint el judici, que continuaria estigués treballant a Espanya o no, però sí evita que el suspenguin i l’apartin dels jutjats. Evita la taca a l’expedient.

Amb aquesta actuació, dóna l’esquena als col·lectius que s’han organitzat per recolzar-lo. Quan es finalitiz el judici, amb el veredicte que sigui, podrà decidir, a nivell personal, abandonar el país i marxar on vulgui. Però ara mateix, amb aquest gest està traïnt la importantíssima causa que suposa el seu procés judicial.

Veure també >>La reacció de Varela